Francisco Gómez de Sandoval y Rojas (1553-1625), el Duque de Lerma, fue una de las figuras más influyentes durante el reinado de Felipe III. Como valido, o primer ministro, del rey, ejerció un control casi absoluto sobre los asuntos del reino desde 1598 hasta su caída en desgracia en 1618. Su ascenso al poder estuvo marcado por su estrecha relación personal con el rey, quien depositó en él toda su confianza y delegó muchas de las decisiones del gobierno en sus manos. Su habilidad para consolidar su control sobre la política mediante una red de influencias y favores lo convirtió en una figura destacada de la corrupción y el nepotismo de la época. Aprovechó su influencia para enriquecer a su familia y a sus allegados, lo que le ganó muchos enemigos en la corte. Su gobierno fue caracterizado por una política de paz en el exterior, incluyendo la firma de la Tregua de los Doce Años con los Países Bajos en 1609, y por una intensa labor en el ámbito religioso de la que destaca su papel en la expulsión de los moriscos ese mismo año. Lerma desempeñó un papel clave en la expulsión de los moriscos, tanto en el Consejo de Estado como en la implementación del plan, guiado por el contexto político y religioso de la época. Si bien Felipe III fue quien promulgó la expulsión, Lerma, como su valido, gestionó y supervisó muchas de las decisiones cruciales que llevaron a la ejecución de esta política en un periodo de crisis interna y externa para la monarquía española. La tregua firmada con los Países Bajos en 1609 permitió a la corte española centrarse en problemas domésticos. Las tensiones internas, especialmente en los reinos de Aragón, Valencia y Cataluña, donde la población morisca era significativa, alimentaron la idea de que esta representaba una amenaza para la estabilidad y seguridad del reino. Para defender la expulsión, el Duque llamó la atención sobre el riesgo de que los moriscos pudieran colaborar con fuerzas extranjeras hostiles a la corona española, en especial en tiempos de tregua con los rebeldes holandeses, y defendió que la mejor solución era expulsar a los moriscos en su totalidad, aunque recomendaba hacerlo de manera cuidadosa y disimulada para evitar una reacción violenta. El proceso fue implementado paso a paso, y Lerma supervisó de cerca su ejecución y la usó para consolidar su posición en la corte y ante el rey. La política de expulsión sirvió para reforzar su imagen como defensor de la fe católica y del orden social en un momento difícil para la monarquía española. No obstante, la medida también tuvo detractores, que consideraban que la monarquía se estaba debilitando al prescindir de una población que, aunque vista con recelo por su religión, contribuía significativamente al bienestar económico del reino.

Como señala Manuel Martínez, “la obsesión castellana por mantener puros sus linajes y prevalecer su poder por medio de una actitud preponderante y amenazadora, impulsaría la cohesión interna de los grupos marginados, provocando una mayor separación respecto a la colectividad interna de los grupos marginales, provocando una mayor separación respecto a la colectividad castellana”; a la vez que los contactos entre las minorías se incrementarían, siendo la de gitanos y moriscos, por sus semejanzas culturales las que mejor establecerían una simbiosis, viendo al castellano como un enemigo común que coartaba su libertad” (89). A pesar de sus obvias diferencias culturales, ambos grupos compartían una situación de marginación y eran objeto de una discriminación racial, económica y social que los acercó entre sí. Muchos moriscos lograran escapar de su expulsión haciéndose pasar por gitanos. Aunque los gitanos lograron permanecer en España después de la expulsión de los moriscos en 1609, ambos grupos compartieron una historia de sufrimiento, discriminación y marginación. Sin embargo, las voces que pedían el mismo destino para los gitanos que el que acababan de sufrir los moriscos no fueron pocas. Los intentos de expulsión fueron impulsados por el contexto de creciente control social y el deseo de las autoridades de erradicar lo que consideraban grupos marginales que amenazaban la cohesión y el orden social en el reino. Sin embargo, a diferencia de los moriscos, los gitanos lograron evitar una expulsión definitiva gracias a diversos factores. En 1610, Felipe III, tras la recomendación del duque de Lerma, propuso una expulsión similar para los gitanos, con el argumento de que estos eran “gente perdida” que vivía en el campo y no contribuía al orden ni a la prosperidad del reino. En ese momento, los gitanos eran percibidos como vagabundos, dedicados a actividades ilícitas o poco productivas, y su estilo de vida nómada era incompatible con la estructura social jerarquizada y controlada que intentaba imponerse. Además, el gobierno temía que algunos moriscos hubieran conseguido ocultarse entre los gitanos para escapar de la expulsión, lo que acrecentaba la desconfianza hacia este grupo.

Sin embargo, a pesar de las fuertes presiones para llevar a cabo la expulsión, las autoridades enfrentaron una serie de dificultades logísticas y sociales que impidieron que el plan se concretara. Uno de los principales problemas era la despoblación que había dejado la reciente expulsión de los moriscos. Las regiones más afectadas, especialmente en el sur de España, habían sufrido una considerable pérdida de población y las autoridades temían que la expulsión de los gitanos agravara aún más este problema. La economía del reino, que ya estaba debilitada por las guerras y crisis internas, no podía permitirse una mayor pérdida de trabajadores, aunque los gitanos fueran considerados por algunos como “vagabundos”. Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que, aunque se reconocía la marginalidad de los gitanos, no era prudente llevar a cabo su expulsión en ese momento.

La decisión de no expulsar a los gitanos se justificó en la Pragmática de 1633, cuando el rey decidió que la “despoblación en que se hallaban estos reinos” hacía inviable ejecutar cualquier nueva medida de expulsión. Sin embargo, esta decisión no significó una mejora en las condiciones de vida de los gitanos. Por el contrario, la monarquía implementó políticas cada vez más restrictivas que intentaban forzarlos a abandonar su modo de vida nómada e integrarse a la sociedad sedentaria. Se les prohibió practicar muchos de sus oficios tradicionales, se les impuso la obligación de asentarse en pueblos y ciudades, y fueron sometidos a un constante acoso por parte de las autoridades locales y eclesiásticas. Aunque estas políticas buscaban integrarlos en la sociedad cristiana, en la práctica contribuyeron a su estigmatización y a la perpetuación de su marginalización.

A lo largo del siglo XVII, los intentos de controlar y asimilar a los gitanos se intensificaron, pero sin éxito. Las comunidades gitanas lograron resistir estas presiones, manteniendo su identidad y estilo de vida en gran medida, aunque siempre bajo una fuerte vigilancia. Aunque no fueron expulsados en masa como los moriscos, los gitanos sufrieron una represión constante, con períodos intermitentes de violencia y discriminación. Incluso a finales del siglo XVIII, los gitanos continuaban siendo considerados una amenaza para el orden social, y su persecución no cesó, aunque en ningún momento se llevó a cabo una expulsión definitiva. En resumen, los intentos de expulsar a los gitanos de España a partir de 1610 fracasaron, pero las políticas represivas que se implementaron en su lugar prolongaron su marginalización y estigmatización durante siglos.

Aunque hubo intentos de expulsar también a los gitanos, como se menciona en la Pragmática de 1610, el rey Felipe III finalmente decidió no llevar a cabo una expulsión masiva debido a las dificultades económicas y demográficas que ya enfrentaba el país.

Los gitanos continuaron siendo objeto de políticas represivas y discriminatorias. El 28 de agosto de 1610, el Duque de Lerma comunicó que el rey había decidido que se expulsaran de los reinos de España a “los gitanos que hay en ellos y que se trate en el Consejo de Estado la forma como se ejecutará…si será bien cometer esta expulsión con la de los moriscos al Conde de Salazar, si bien será necesario usar con los gitanos de mayor rigor por ser gente perdida y que viven en el campo” (Cita de Martínez 96, nota 19). Sin embargo, lograron mantenerse en la península, a diferencia de los moriscos. En otro memorial, en noviembre de ese mismo año, los procuradores presentaron otro memorial a Felipe III en la que le pedían, una vez más, que pusiera remedio a la situación de la comunidad gitana en España:

“El reino dice que son grandes y lastimosas las quejas que cada día vienen a él de los daños, robos, hurtos y salteamientos que hacen los  que andan vagando por el mundo, y que aunque hay puesto remedio por leyes y pragmáticas, no es bastante para sus castigos, ni se ve que haya enmienda, porque este género de gente nunca anda en tierra ni poblados grandes donde puedan ser castigados. No son cristianos, ni confiesan ni comulgan ni ayunan; comen carne en tiempos prohibidos, ni oyen misa; de manera que su vida es escandalosa pues está cargada de ofensas De Dios; tienen perdida gran parte de la labranza y crianza de estos reinos, porque como sus hurtos son cabalgaduras, y roban tantas, los miserables labradores al primero que les hacen quedan perdidos, sin sustancia ni hacienda para poder comprar otras, obligándolos a encerrarlas de noche y no poderlas dejar en los pastos^[5] y no tienen con qué sustentarlas en sus casas, y así se les mueren de hambre; los ganaderos y pastores que van a herbajar^[6] a los extremos y suben a las sierras, como es forzoso llevar sus pobres atillos en pollinos, andan tras ellos como lobos, y se les hurtan y les obligan a ir cargados sin poder sufrirlo, a cuya causa mueren muchos y quedan sus ganados solos, lejos de sus tierras…Ha venido la vida licenciosa de esta gente a tanta rotura, que andan compañías enteras de hombres y mujeres, todos con armas y escopetas, y llegan a los lugares y les dan lo que piden por excusar sus violencias^[7], y cuando se tiene noticia de ellos y se quiere hacer alguna prevención para castigarlos, son gente tan astuta y montaraz, que jamás se puede dar con ellos, y cuando se da, se resisten y han hecho muchas muertes, y luego dejan a las mujeres y ellos huyen, porque son tan sueltos que no puede nadie seguirlos. En resolución, es tan mala gente, que sin comparación exceden a los moriscos, porque en no ser cristianos les imitan y en los robos les ganan…Se han dado memoriales á V. M.^[8], y visto que no se ha tomado resolución, ha parecido volver á suplicar á V. M. se sirva que por gobierno se trate luego negocio tan importante, y se provea cómo este nombre y habla de gitanos se quite en estos reinos, mandando que dentro de breve término salgan de ellos, y no cumpliendo el bando, tengan pena de muerte y se ejecute luego doquiera que sean habidos^[9], y si algunos que­daren, estén de asiento^[10] en los pueblos donde se avecindaren, y que no hablen ni traigan hábito de gitanos, y que vivan de sus oficios o de labrar en los campos, sin salir de donde una vez asentaren, pena de muerte, o que sean aplicados por escla­vos de V. M.; que por ninguna causa no puedan tratar, com­prar ni vender, ni caminar con cabalgaduras, ni tenerlas en sus casas”.